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En 2010, cuando la llamada Guerra de Felipe Calderón en contra del narcotráfico se encontraba en su pico más alto, el entonces opositor Andrés Manuel López Obrador declaró con contundencia: “No es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. No podemos aceptar a un gobierno militarista”.

Después, cuando asumió el poder como presidente de la República, en 2018, prometió regresar a los militares a sus cuarteles. Mintió y hoy encabeza a un gobierno militarista. Doble moral.

Reprimidos durante los años de la guerra sucia, de los años setentas del siglo pasado, surgida después de la represión de 1968, muchos políticos de izquierda, entonces de oposición, condenaron las acciones militaristas de los regímenes priistas. Históricamente, en México, la izquierda y los militares eran fuerzas que se repelían.

En nuestro país, personajes como Mario Delgado, dirigente de Morena; Marcelo Ebrard, canciller; Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se sumaron en su etapa de opositores, a la postura de López Obrador, de que en nuestro país no debería existir un gobierno militarizado. Eso ya lo olvidaron, hoy aplauden que la Guardia Nacional (GN), se pretenda sumar al Ejército Mexicano. Doble moral.

No son diferentes, como repite a diario López Obrador en sus conferencias mañaneras, son iguales a los políticos de cualquier época que siempre se pliegan a los dictados de quien detenta el poder omnipotente de la presidencia. Agachan la cerviz como cortesanos, aunque eso signifique borrar su memoria.

“No es con el ejército, como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia”, decía un convencido López Obrador, cuando Felipe Calderón pretendió ampliar las facultades legales de los militares para que pudieran combatir, supuestamente, de manera más eficaz a la delincuencia.

Ahora AMLO pretende que la Guardia Nacional sea absorbida totalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Mintió. Doble moral.

La Constitución establece que la GN es una institución, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de carácter y mando civil, pese a lo cual, López Obrador pretende que, por un acuerdo, se ceda su control a la Sedena.

Para juristas, las intenciones del presidente representarían una clara violación a la Carta Magna, además de que se tendrían que reformar al menos 4 leyes de forma directa y armonizar otras 6 de manera indirecta para lograr el objetivo propuesto por AMLO, que seguramente piensa que “no le vengan con que la ley es la ley”.

El temor de los especialistas en derecho y en seguridad pública no son menores, si se toma en cuenta que son precisamente las fuerzas armadas las que presentan el mayor número de denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En lo que va de 2022, se han presentado 524 quejas en la CNDH contra las fuerzas armadas y otras instituciones federales relacionadas con la seguridad. La GN ha recibido 202; el Ejército, 169; la Fiscalía General de la República, 124; la Marina, 15; la Secretaría de Seguridad, 10, y la Policía Ministerial 4. Situación que se puede complicar con un mando militar sobre la GN, corporación de mayor exposición ante la ciudadanía.

López Obrador, admirador del benemérito de las Américas, sostenía en sus tiempos de opositor: “Una de las enseñanzas de Benito Juárez es no apostar a una república militar, sino civilista”. Con sus acciones mintió. Doble moral.

En su gobierno, López Obrador ha otorgado facultades excesivas al Ejército y a la Marina, que no tienen nada que ver con su naturaleza primigenia de proteger la soberanía nacional ante un ataque de un enemigo externo.

Las reformas legales efectuadas por el partido oficial, Morena, han permitido a las fuerzas armadas intervenir en 30 tareas ajenas a sus tareas fundamentales. Controlan los aeropuertos, las aduanas, las carreteras, la construcción de escuelas y su presencia crece cada día. El militarismo es propio de regímenes fascistas o autoritarios, pero López Obrador se dice “demócrata”.

Un control militar en todos los aspectos de la vida de un país se percibe en naciones latinoamericanas gobernadas por dictadores, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, amigos estrechos de AMLO, por cierto.

De acuerdo con información difundida por Wikileaks, en el cable diplomático 06México505, en 2006, el AMLO opositor confesó al entonces embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, que, en caso de ganar la presidencia de México, sui intención era darle mayor poder al Ejército para hacerse cargo de la seguridad pública. Sin embargo, se extralimitó. Mintió. Doble moral.

Desde el año 2000 la presencia del Ejército y la Marina en las calles no ha garantizado el abatimiento de la delincuencia. Al contrario, ahora con la intervención de la Guardia Nacional integrada y encabezada de facto por militares y marinos, no se ha frenado la actividad de los carteles del crimen; al contrario, el presente gobierno es el que registra el mayor número de homicidios dolosos, con más de 125 mil.

La actividad de militares en operaciones de seguridad pública ha permitido abusos en contra de la población y la violación de derechos humanos. A los militares hay que regresarlos a los cuarteles para que sean suplidos por una policía nacional capacitada y profesional, pero, sobre todo, hay que eliminar la corrupción y la impunidad, con la que jueces y autoridades de los tres niveles protegen a los delincuentes.

Dar más poder a los militares amenaza la democracia. No se puede gobernar con las armas a los civiles. No puede seguir prevaleciendo la mentira y la doble moral.

Contacto.- javiervelazquezf@gmail.com

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