CIUDAD DE MÉXICO.- La gran mayoría de los y las mexicanas perciben al poder judicial como algo ajeno y opaco. En su estado actual, el acceso a una justicia pronta y expedita se parece más a una mercancía a la que sólo pueden acceder unos pocos, que a un derecho universal de la sociedad mexicana. Ante la falta de credibilidad, consideramos que la Reforma Judicial es una oportunidad para regenerar el vínculo del pueblo de México con su sistema de justicia.
Si bien la elección popular de los jueces, magistrados y ministros ha ocupado el centro de la discusión pública, la Reforma Judicial también abarca otros aspectos igualmente sustanciales. La eliminación de las pensiones vitalicias de los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia, la reducción de 11 a 9 ministros, así como la eliminación de las dos salas para jerarquizar el Pleno, apuntan a garantizar un funcionamiento más eficaz y cercano a la realidad de millones de mexicanos y mexicanas.
La Reforma también contempla una nueva gobernanza en el Poder Judicial. Actualmente la presidenta del Consejo de la Judicatura es también la presidenta de la Suprema Corte, lo cual impide un genuino contrapeso. Con el nuevo diseño institucional se separan las funciones de administración y disciplina, para que el órgano que evalúe y sancione a jueces, magistrados y ministros sea un órgano independiente y autónomo de la Suprema Corte.
También se establece un plazo para la resolución de casos fiscales y penales con sanciones para quienes no cumplan. Según el Censo Nacional Penitenciario, en México el 44% de las personas privadas de su libertad no tienen una sentencia. Consideramos que este es un indicador incompatible con la vida republicana.
Actualmente el nepotismo es una práctica generalizada dentro del poder judicial. La propia Corte Suprema admitió que hay más de 16 mil servidores públicos que incurrieron en esta práctica. De acuerdo a una investigación de Mexicanos contra la Corrupción al menos 500 jueces y magistrados tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, padres y hasta suegras.
Al contrario, los criterios establecidos para la elección popular de jueces y magistrados garantizan la idoneidad técnica y profesional de los funcionarios judiciales, a la vez que les otorga una legitimidad de origen que les hace responsable frente a la ciudadanía y el pueblo de México.
México merece un Estado social y democrático de derecho. Social por su vocación de servicio y compromiso con la ampliación de derechos. Democrático porque rinde cuentas a la ciudadanía, único lugar de residencia de la soberanía popular. La Reforma Judicial es un paso fundamental para tal propósito, ya que sienta las bases para mejorar el sistema de procuración e impartición de justicia.
