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Para el estilo de gobernar del expresidente López Obrador, programas como el de PISA no eran bien vistos y menos si se trataban de evaluar los sistemas educativos de todo el mundo, lo que para él significaba una intromisión en los asuntos internos de su gobierno. Además de que, cualquiera que fuera el resultado, él tendría otros datos.
Por eso, cuando se publicaron los resultados de la participación de México en la prueba de 2022, el jefe del Ejecutivo los rechazó argumentando no tomarlos en cuenta, “porque sus parámetros, afirmaba, se crearon en la época del neoliberalismo… en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza… y desaparecer la educación pública, degradándola”. Por su parte, la SEP también desconocería la validez de esas evaluaciones, alegando que no “consideran las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo docente.”
Y es que, en aquella prueba, nuestro país obtuvo la peor calificación de su historia en PISA. Fue el tercer peor evaluado en comprensión lectora y matemáticas y el de más baja puntuación en ciencias. Habíamos retrocedido 14 puntos en matemáticas, cinco en comprensión de lectura y nueve en ciencias, respecto de la prueba anterior, la de 2018. Un terrible golpe para la contra reforma educativa morenista.
Ante semejantes resultados, no parecía que hubiera mucho interés oficial en la participación de México en PISA 2025. De hecho, las señales eran confusas. Por una parte, el gobierno había suspendido algunos requisitos para su aplicación incluyendo el pago de la cuota correspondiente. Por otro lado, en las mañaneras se decía que todo lo que tuviera que ver con la educación se apoyaría y que las evaluaciones se realizarían. Sin embargo, contrario a esta afirmación, la contra reforma educativa (2019) había desaparecido al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) y, más adelante, se había propuesto la eliminación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).
A falta de una instrucción precisa del Ejecutivo, los funcionarios de la SEP, llevaron las cosas con calma, incumpliendo plazos y negándose a dar información sobre las gestiones para la acreditación de nuestro país. El movimiento nacional Educación con Rumbo, tuvo que interponer un amparo, en mayo de 2024, que ordenó a la SEP a aplicar la prueba, además de obligarla a informar sobre los trámites realizados. Finalmente, fueron los ordenamientos judiciales los que presionaron a la SEP a agilizar los trámites y a cumplir con los requisitos necesarios para el registro de nuestro país.
El secretario de la SEP, Mario Delgado, niega que la aplicación de la Prueba PISA sea por una orden judicial. Que son falsas esas versiones. Pero habría que ver, qué hubiera sucedido sin el amparo que obligó a los funcionarios de la SEP a abandonar su tortuguismo y a realizar los trámites requeridos en los plazos establecidos.
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