Si la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, cumpliera e hiciera cumplir la Constitución las leyes que de ella emanan, juramento de su toma de protesta, se evitarían hechos violentos como los ocurridos el viernes pasado en la colonia Condesa, donde una protesta contra la gentrificación de desbordó en forma por demás peligrosa.
La reforma legal contra Airbnb que forma parte de un paquete de normas que buscan combatir la gentrificación en la CDMX es vilmente letra muerta. Esto contribuye al malestar y la inconformidad social ante la inacción de las autoridades. La gente sale a reclamar para hacer visible un problema desatendido, y se desborda porque tampoco hay política de contención.
La Ley para regular las rentas de inmuebles por aplicación, que ayudaría a frenar la gentrificación, sobre todo en colonias como la Condesa, se aprobó en abril del año pasado, pero no se aplica. Martí Batres, el antecesor de Brugada, impulsó esa legislación y se jactó que era su gran aportación a la CDMX. Es puro cuento.
Esa reforma se hizo porque los inmuebles que se rentan de manera tradicional para uso habitacional fijo generan menos ingresos al propietario que los alquilados por aplicación –tipo Airbnb–, en que cobran por lo menos el doble, pues casi siempre lo rentan a extranjeros que tienen mayor poder adquisitivo. Eso elevó el costo de las rentas tradicionales.
La Ley que impulsó Batres prevé que quien rente su inmueble por aplicación no pueda hacerlo más de la mitad del año (182 días), para que tampoco sean una competencia desleal a los hoteles turísticos, que pagan otro tipo de impuestos y generan otros beneficios sociales.
Pero esa Ley no la ha querido aplicar Brugada. Se le vencieron los 180 días de plazo para crear una base de datos del llamado “Padrón de Anfitriones de la CDMX”, que debería administrar la Secretaría de Turismo, encabezada por Alejandra Frausto. No tienen nada. Contra la Ley, cualquiera puede seguir rentando su propiedad vía Airbnb los 365 días del año sin aviso. También genera un hoyo fiscal y daña al verdadero sector turístico.
Y por supuesto, propicia mayor gentrificación: expulsa a la gente de sus colonias de origen, pues ante la omisa complicidad gubernamental llega gente con más dinero, eleva el costo de la vida en la zona y la gente originaria ya no lo puede pagar.
En esta Ley Airbnb, la jefa de Gobierno violenta flagrantemente la Constitución federal y la de la Ciudad de México, a pesar de que protestó cumplirla y hacerla cumplir.
Pero no es la única norma que desatiende Brugada. Hay al menos otros dos casos bastante escandalosos. Uno es el de los llamados “montachoques”. Desde junio de 2022 las penas para quienes cometen extorsión vial van de 10 a 15 años de prisión, sin libertad bajo caución. A la fecha no está comprobada una sentencia por este delito.
El otro caso es además una burla miserable: Brugada no ha cumplido con el apoyo a deportistas paralímpicos que ganaron medallas en París 2024. Son casi 10 meses de retraso, de verles la cara, de incumplir la Ley. A más tardar en diciembre de 2024 deberían haber recibido un primer “pago único”, como lo establece la modificación legislativa. Nada. Para este 2025 tampoco les han pagado, a pesar que en el Presupuesto de Egresos 2025 de la CDMX ya se contempló este programa social para cumplir con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal. Hay más casos de incumplimientos de la jefa de gobierno.
Lo veremos.
