La narrativa oficialista quiere hacerle creer a “Juan Pueblo” que gracias al expresidente López Obrador un total de 13.4 millones de mexicanos lograron escapar de las garras de la pobreza multidimensional durante su sexenio (2018-2024). Sin embargo, el lado “b” del que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o habló anteayer miércoles que dio a conocer mientras daba a conocer esta cifra, que sin duda alguna es una muy buena noticia, es que en realidad los verdaderos artífices de ese significativo logro son los millones de mexicanos quienes con el puntual pago de sus impuestos hicieron, hacen y harán posible que en este país podamos tener programas sociales que permiten la disminución de los índices de pobreza y desigualdad.
Así que, honor a quien honor merece, la reducción de la pobreza en México no es una hazaña obradorista. La realidad es que este hito se logró gracias a que durante el sexenio del tabasqueño el gasto en programas sociales prioritario creció en un 131%, pero esos 3.1 billones de pesos o salieron de la cartera de Andrés Manuel, de la caja fuerte de Morena o del guardadito de la 4ª Transformación. Rotundamente no. Ese dinero, hasta el último centavo, lo aportaron todos los contribuyentes mexicanos que puntualmente, mes con mes y anualmente pagan sus impuestos.
Asimismo, de manera conveniente, el INEGI, ahora encabezado por Graciela Márquez Colín y que desde su llegada dejó de lado su naturaleza apolítica para servir a los intereses de la llamada cuatro-té, no quoso darle reflector a una cifra alarmante y preocupante: Con López Obrador aumentó dramáticamente la cantidad de mexicanos en situación de pobreza multidimensional sin acceso a servicios públicos de salud. En 2018, México contabilizaba 20.1 millones de personas en esa condición. Para 2024 esa cifra se elevó a 44.5 millones (un incremento del 122%). Más del doble.
De acuerdo a los conceptos y metodologías que maneja el propio INEGI, entre los divertos aspectos que conforman lo que ellos llaman “pobreza multidimensional” está considerado el acceso a los servicios públicos de salud y éste no es sólo un indicador de índole estadística, sino un parámetro contundente que permite dimensionar el cumplimiento de un derecho humano fundamental: El acceso a la salud. Sobre todo para aquellos que viven en situación desfavorable.
Por lo tanto, celebrar el combate y la reducción de la pobreza por un lado y desestimar que millones de pobres no tienen acceso a consultas, medicinas, hospitalizaciones y tratamientos por el otro, es un verdadero sinsentido.
De acuerdo con el ya desaparecido Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2022 el 39.1% de la población mexicana (poco más de 50 millones de personas) no tenía acceso a atención médica adecuada y esta carencia representa una de las condiciones más prevalentes junto a la mala alimentación y los corresponsables de esta tragedia son el (también ya desaparecido) Instituto de Salud para el Bienestarn (INSABI), que resultó ser un verdadero desastre y un boquete financiero, y el IMSS-Bienestar. Al día de hoy, el Gobierno no ha podido encontrar un sistema que replique el modelo del Seguro Popular, que si bien tenía fallas que eran perfectibles, durante 17 años (de 2003 a 2020) logró garantizar el acceso a servicios médicos a personas que no contaban con seguridad social, pues brindaba protección financiera y acceso a servicios de salud a población no derechohabiente.
En verdad, qué bien y qué bueno que haiga sido como haiga sido (Felipe Calderón dixit) México ya tiene menos pobres. Sin embrgo, me parece que este INEGI ya empieza a parecerse al INE y al TEPJF.
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