La Ley de Murphy es un principio elemental que afirma que “si algo puede salir mal, entonces saldrá mal” y eso fue justo lo que ocurrió anteayer miércoles durante el operativo mediante el cual el Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza la morenista Clara Brugada Molina, asumió el resguardo de 936 animales (perros y gatos) retirados del Refugio Franciscano, A.C. ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, colonia Lomas de Vista Hermosa, en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos; bajo el argumento de que en ese inmueble, el cual operaba desde el año 1977, los animales se encontraban en condiciones de hacinamiento, insalubridad, mala alimentación y maltrato.
Y es que, de acuerdo a imágenes levantadas por diversos medios de comunicación, lo que hicieron ahí empleados del Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), la Secretaría de Seguridad capitalina (SSC-CDXMX), de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGC-CDMX) y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) fue un alarde de insensibilidad, pues en lugar de brindarles un trato digno a los animalitos ahí asegurados optaron por hacinarlos y maltratarlos para transportarlos incluso en camiones de basura a otro albergue ubicado en el Ajusco… imagínense, un albergue en el Ajusco en pleno invierno.
Pero eso sí, la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján, presumiendo su vasto conocimiento en temas veterinarios, ayer mismo dio a conocer su diagnóstico: 798 de los perros y gatos resguardados presentaban afectaciones compatibles con maltrato y crueldad animal, condiciones de hacinamiento, acumulación de excretas (productos de desecho que un organismo expulsa, como la orina, heces y sudor, resultantes del metabolismo y no aprovechables por el cuerpo), deficiencias de ventilación y luz, y uso de medicamentos caducados.
Sin embargo, apegándonos a las teorías sospesochistas que son endémicas en quienes nos dedicamos al periodismo, vale la pena destacar que este operativo se realizó a pesar de que un juzgado federal suspendió el desalojo el pasado 11 de diciembre y ordenó la restitución del predio y la custodia de los animales al personal del refugio. Coincidentemente, la devolución del refugio debio ejecutarse justo anteayer miércoles, pero las autoridades capitalinas desacataron el mandato judicial.
Y aquí es donde las autoridades capitalinas deben actuar con total transparencia y apegarse a la narrativa que han enarbolado durante los años recientes con respecto a que la CDMX es una ciudad de vanguardia, de derechos y de animalista, pues no es válido que el GCDMX califique éste como un “rescate necesario” al tiempo que los administradores y operadores del refugio denuncien que este desalojo como un operativo motivado por intereses inmobiliarios, pues la Fundación “Antonio Haghenbeck y de Lama” ya vendió el predio en 650 mil pesos a un fideocomiso bancario perteneciente a BX+ para que este construya un desarrollo inmobiliario en el sitio, contraviniendo así la voluntad del fundador del Albergue Franciscano, A.C., Antonio Haghenbeck, el propietario original, quien estipuló que sus bienes debían destinarse exclusivamente al cuidado animal.
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