*Equiparando acusaciones criminales formuladas en contra de personajes morenistas con ataques a la soberanía del país, en Palacio Nacional reclaman a los estadounidenses por un supuesto injerencismo*
Habría que considerar, en el origen de las diversas estrategias anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico, la persistencia que tiene el Presidente Donald Trump de que nuestro país perdió el control de su territorio y que son los narcotraficantes quienes mandan en México. Y aunque nos dore la píldora, afirmando que nuestra Presidenta es una mujer maravillosa, poco favor le hace al afirmar, pero tiene miedo de enfrentar a los cárteles.
Estos comentarios son casi imprescindibles en los discursos del Presidente norteamericano en entrevistas, ceremonias públicas o foros internacionales, cuando se refiere a nuestro país. Su insistente repetición da lugar a sospechar que no se trata de una mera ocurrencia, si no de una estrategia para crear un mal ambiente hacia México, y justificar, quizás, alguna medida extrema que pudieran considerar llevar a cabo, más adelante, en su combate al narcotráfico.
Porque a los comentarios negativos del mandatario, le han seguido, en coro, los de sus más altos colaboradores en materia de inteligencia y seguridad, casi semanalmente. De los más recientes y agresivos, en los que se hace referencia expresa a una connivencia entre gobierno y crimen organizado, el del Titular de la Administración del Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, quien afirmó, durante la Cumbre Estados Unidos libre de Fentanilo, que existe una “conexión mortal” entre los cárteles del narcotráfico y el gobierno mexicano. Ambos son lo mismo e inseparables, dijo, y en la DEA son nuestra prioridad número uno.
Y los de la zar antidrogas, Sara Carter, al señalar en una entrevista, que, con todo y que nuestro país ha colaborado como nunca antes, Estados Unidos seguirá apuntando a los funcionarios corruptos que apoyen a los cárteles en Sinaloa, advirtiendo que su gobierno va a ir tras quienes “no quieran cooperar con nosotros”. Los vamos a atacar, y se van a arrepentir, dijo, recordando palabras recientes de su jefe.
Ante esto, ¿cuál ha sido la reacción de nuestro gobierno? Por razones que no se entienden, la 4T ha optado por una actitud defensiva, un modo de negación y sobre protección a políticos y funcionarios de Morena señalados por el gobierno norteamericano de supuestamente estar vinculados con el crimen organizado. Equiparando acusaciones criminales formuladas en contra de personajes morenistas con ataques a la soberanía del país, en Palacio Nacional reclaman a los estadounidenses por un supuesto injerencismo. Son campañas, dicen, de la ultraderecha norteamericana en contra del gobierno que quieren que no haya una buena relación, y, en automático desechan la posibilidad de que, efectivamente, pudiera existir complicidad de funcionarios públicos con el crimen organizado.
No tienen pruebas responde el gobierno de la 4T a la demanda de detención con fines de extradición de 10 funcionarios públicos y políticos de Sinaloa y, sin más, los ponen a buen resguardo, nadie sabe en dónde se encuentran ni dan señales de intentar investigarlos. Eso sí, algunos, como el gobernador Rubén Rocha Diaz, tuvieron que solicitar licencia y sus cuentas bancarias, han sido congeladas, a pesar de que, oficialmente, se insiste en que el gobierno americano no ha aportado pruebas que los inculpen.
Una desafortunada actitud de pasividad y menosprecio a las denuncias del Departamento de Justicia estadounidense y sobre protección incondicional cuando se trata de personajes de su partido. Con esto, los cuatroteistas del segundo piso solo contribuyen a que la sospecha del contubernio políticos morenistas-cárteles del narcotráfico siga cobrando fuerza, entre propios y extraños. Sobre todo, cuando, en ciertos casos sobrarían elementos para dudar de la probidad de algunos “destacados” morenistas.
Para colmo, algunos políticos del partido en el gobierno, han comenzado a inquietarse ante la decisión de la Casa Blanca de cancelar sus visas por actividades y relaciones sospechosas. Se rumora que algunos han buscado a las autoridades norteamericanas para que, a cambio de información, les repongan sus visas y otorguen cierta inmunidad.
El caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, es quizás el más notable, por los dimes y diretes entre ella y su antecesor y acérrimo enemigo, Jaime Bonilla, a quien la gobernadora le atribuye haberla hecho víctima de una emboscada, además de acusarlo de haber filtrado audios que la dejan muy mal parada al ofrecer información a supuestas autoridades de seguridad del vecino país del norte a cambio de que le permitan el cruce de frontera. La gobernadora se ha enredado cada vez más en su intento por aclarar lo que no quiso decir en su intento por negociar la reposición de su visa.
Para su fortuna, no importa que tan graves pudieran ser los arreglos que pretendía lograr a cambio de cierta información sensible y que se escucha en la conversación de los audios difundidos, pues el blindaje que le da su morenismo, la exculpa de cualquier duda o sospecha, en evidente contraste con lo que sucede a quienes militan en la oposición.
A los neoliberales y conservadores todo el rigor de la ley, aunque se carezca de pruebas. Con la sospecha basta y sobra. Al exgobernador panista Ernesto Ruffo, se le vinculó a proceso por delincuencia organizada y huachicol fiscal, con prisión preventiva en un penal de máxima seguridad, ante la peligrosidad que representa este político de más de 70 años.
Así la justicia del segundo piso de la 4T.
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