Durante prácticamente nueve años, pero de manera más intensa durante los últimos nueve meses, alumnos, padres de familia y maestros de la escuela primaria José Martí tuvieron que padecer las afectaciones por la construcción de un edificio contiguo de 16 niveles en la calle Morena 312. La Ley de Desarrollo Urbano obliga a los desarrolladores a realizar obras de seguridad estructural y mitigación. Por eso, el inmueble educativo debería recibir algún beneficio como resarcimiento. Pero ni una pintadita siquiera.
Y es que, amén de la falta de voluntad, no está claro cuál debe ser el procedimiento para que se implementen las obras de mitigación cuando se trata de escuelas federales, porque comúnmente este tipo de resarcimientos se hacen a través del Gobierno de la Ciudad de México o de la Alcaldía, pero en este caso al ser un inmueble federal existe un vacío que desprotege a la escuela.
Esa laguna legal, pero también el descuido de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el mantenimiento general, es que alcaldes y ediles de oposición promovieron una iniciativa de reformas Constitucional y a Leyes secundarias para que Alcaldías y Municipios tengan atribuciones y presupuesto para la atención de la infraestructura escolar, con la asignación de cuando menos 1.5 millones de pesos anuales para cada plantel de educación básica.
El proyecto, que será presentado formalmente como iniciativa por parte del PAN, pretende descentralizar los recursos para con mayor celeridad Alcaldías y Municipios atiendan las necesidades de las más de 200 mil escuelas públicas en todo el país.
Mauricio Tabe, edil de Miguel Hidalgo y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), de filiación panista y que agrupa a 252 alcaldes y alcaldesas del país, ha sido el impulsor de la iniciativa, con la que también están de acuerdo cientos de presidentes municipales de Morena, aunque no lo manifiestan públicamente para evitar represalias. Todos saben de la complejidad del tema de la infraestructura educativa, porque son primer nivel de gobierno, lo más cercano que hay a la gente, que a ellos les hace los reclamos y peticiones para reparar inmuebles escolares. El ciudadano no sabe o no le importa si le toca a los alcaldes, simplemente exige la solución, lo que es entendible.
Por eso las reformas constitucionales y legales plantean la creación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Educativa (FAIE), con lo que ese millón y medio de pesos llegaría directamente a los gobiernos locales para atender las carencias de las escuelas de educación básica en todo el país. Son 320 mil millones de pesos para todos los planteles a nivel nacional. Este modelo permitiría que la autoridad más cercana a los ciudadanos pudiera atender a las escuelas de manera directa y expedita, porque el programa La Escuela es Nuestra de la SEP ha abandonado la infraestructura, y en el mejor de los casos funciona a medias. Tarda mucho en mandar las soluciones y hacen selecciones discrecionales de las escuelas que se deben remodelar. Con el plan opositor la idea es que a todas las escuelas les toque lo mismo y se asegure su mantenimiento.
El millón y medio para cada escuela serviría para cosas tan básicas como drenaje, agua potable, mejoras en la electrificación, ventanas, puertas, pero también para romper con la brecha digital y que todas las escuelas puedan tener acceso a tecnología cibernética actualizada. Interesante iniciativa, de mucho fondo, de avanzada, pero como Morena ha centralizado todo el gobierno, la sorpresa sería que la aprobaran.
Lo veremos.
