*En las oficinas de Palacio Nacional encontraron un escudo de protección político para evitar hablar del narcotráfico y sus presuntas alianzas con la clase política*
Está claro que para la Presidenta Claudia Sheinbaum hay un tema en el que no está dispuesta a ceder, sin importar el alto costo que esto pueda significar. Y es que la inexplicable protección de presuntos narcopolíticos señalados por la justicia estadounidense, puede tener graves consecuencias en la relación con nuestro principal socio comercial. Hace ya más de tres meses, que el Departamento de Justicia de los EUA solicitó, a nuestro gobierno, por la vía diplomática, la detención provisional, con fines de extradición, de 10 funcionarios públicos y políticos del estado de Sinaloa, incluido el gobernador, entonces en funciones, Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza.
De acuerdo al tratado de extradición suscrito entre México y Estados Unidos, vigente desde 1980, nuestro país estaba obligado a atender la solicitud y detener a las personas denunciadas, sin mayores trámites, siempre y cuando la conducta cometida fuera considerada delito en ambos países y sancionado con una pena de prisión no menor a un año. Pero resulta que, lejos de atender la petición del gobierno norteamericano, en Palacio Nacional se decidió no tramitar la detención de ninguno de ellos, alegando falta de pruebas que acreditaran los delitos presuntamente cometidos.
Aún más, y para que no hubiera duda de la molestia que esta petición había causado, sin venir a cuento, el gobierno de la 4T enarboló la bandera de la soberanía nacional, acusando de injerencista al gobierno de Washington por atreverse a acusar de actos criminales a unos personajes de la élite morenista, convirtiendo en político un asunto judicial.
Al estilo que nos tiene acostumbrados la cuatrote, de no reconocer fallas, errores ni delitos presuntamente cometidos por morenistas, por aquello de que afecta a “la unidad del movimiento”, sin el menor rubor, se oficializó el blindaje al gobernador Rocha Moya, a quien el ex líder del cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada, sujeto a proceso en Estados Unidos, señaló, en una carta publicada tras su detención en Estados Unidos, de tener vínculos con el narcotráfico.
Como si se tratara de un tema concluido, sin presuntos culpables ni responsables, el gobernador con licencia, duerme tranquilo con la certeza de que nadie lo molestará, pues en Palacio Nacional lo arroparon con el manto de la soberanía nacional. Queda sin aclarar, por parte del gobierno, qué tiene que ver la solicitud de detención de un cuestionado personaje, de malos antecedentes y relaciones peligrosas, que llegó a la gubernatura con el apoyo de los narcotraficantes, con ataques a la soberanía del país.
De los otros siete denunciados, que no optaron por entregarse a las autoridades norteamericanas, nada se sabe. Es de suponer, que en el paquete de protección al gobernador con licencia y al senador, se les incluyó con los mismos beneficios, cero investigaciones. Al fin de cuentas, son parte del mismo equipo; pero sobre esto, el silencio es sepulcral.
En las oficinas de Palacio encontraron un escudo de protección político para evitar hablar del narcotráfico y sus presuntas alianzas con la clase política. La soberanía nacional no se negocia, afirman, y acusan al gobierno norteamericano de usar la solicitud de detención, como pretexto para influir en los procesos políticos internos de México.
Una denuncia atrevida y poco diplomática, porque en el fondo dificulta, por decir lo menos, cualquier acuerdo de colaboración en el sensible tema del narcotráfico y la batalla para enfrentarlo. Y es que, ante la rotunda negativa, de parte del gobierno mexicano, de reconocer que existen funcionarios vinculados con los cárteles de las drogas con los que se asocian y protegen, no parece que las autoridades norteamericanas se vayan a quedar con los brazos cruzados.
Si el argumento es la falta de pruebas, esas autoridades las tienen y en abundancia. Cuentan con información de inteligencia, además de las confesiones y testimonios de decenas de narcotraficantes que nuestro país les ha estado enviando, dispuestos a denunciar y acusar a quien sea, a cambio de un acuerdo de culpabilidad que les permita obtener beneficios penales.
Si bien, la reacción de nuestro gobierno, para rechazar la detención de los supuestos narcopolíticos, fue elevar a nivel político un tema judicial, al convertir la solicitud de la fiscalía norteamericana en un ataque a la soberanía nacional, la Casa Blanca, en esta especie de juego de ajedrez, elevó la mira del nivel de los políticos y funcionarios de Morena afectados con la revocación de su visa. No está claro a cuántos ni a quiénes, porque por ley, Estados Unidos no hace públicas las cancelaciones debido a normas de confidencialidad y privacidad. Solo sabemos de algunos gobernadores, porque ellos lo han informado, pero no descartamos que esta medida se haya aplicado ya a más de un político encumbrado.
Nuestro gobierno, por su parte, sigue acomodando sus piezas. Ahora, la Presidenta, junto con la dirigencia de Morena, ha anunciado que se convocará a una movilización territorial, casa por casa, para informar al pueblo bueno y sabio de las amenazas a nuestra soberanía nacional y ponerlos en alerta del ánimo “injerencista de la ultraderecha estadounidense que busca intervenir en la política interna de México.”
También el Departamento de Estado de Estados Unidos movió sus fichas. Quitarle la visa a “Andy”, el hijo de Obrador, no fue cualquier cosa, aunque lo hizo discretamente, sin filtrar la información. De eso se encargó el afectado, que, mal aconsejado, publicó lo que él supuso iba a ser una gran respuesta a una decisión que calificó “de burda y perversa canallada”, “de carácter politiquero y propagandístico” y “estilo hitleriano”. La soberbia que refleja su texto no tiene límite.
El siguiente paso lo dio el subsecretario de Estado, Christopher Landau, al publicar en su X “¿Están disfrutando el show? Rellenen sus palomitas… van a amar la siguiente parte”.
Sin comentarios.
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