A unas horas del proceso electoral más grande en la historia de México, los ciudadanos acudiremos prestos a esta elección intermedia en el ejercicio de un gobierno democrático que persigue cristalizar el voto libre universal para no llegar a judicializar el fraude, la compra de votos, las amenazas del crimen organizado en la preservación de sus cotos de poder, así como la practica no proscrita del uso de recursos públicos con fines electorales.
Se elegirán 15 gubernaturas, 300 diputaciones uninominales y 200 plurinominales de la Cámara Federal del. H. Congreso de la Unión, 30 congresos locales y 1,926 Ayuntamientos, en un solo proceso constitucional donde participan más de cien mil aspirantes, disputando más de mil cargos de elección popular, en un solo evento sui generis por las medidas sanitarias para dar protección al sufragio de 92 millones de mexicanos, en un universo de 163 mil 244 casillas, dentro y fuera del territorio nacional.
En una entrevista reciente el senador Monreal Ávila aclaró que “no vimos las grandes carretonadas de dinero ni el uso de programas sociales con fines electorales por parte del gobierno federal, ni se utilizaron las instituciones del estado como maquinaria electoral”.
Sin embargo, el sentido común nos indica que los atentados contra candidatas y candidatos no se deben literalmente minimizar, pues aunque la violencia política en México ya no proviene de un estado represor, sino del crimen organizado que nos sigue flagelando incontenible en algunas partes del país, como un factor real de poder, donde no tiene aún cabida la “normalidad democrática” inmersa, un día sí y otro también, en un macabro baño de sangre, que está lejos de reflejar la magnitud de la barbarie que sobrecoge y paraliza a la sociedad mexicana, dejamos esta interrogante para el día 7 de junio ¿podrá haberla en más de 120 mil casillas electorales, en las calles y las plazas públicas?
De buenas intenciones esta empedrado el camino al infierno.
