Desde que asumió como alcalde de la Benito Juárez, Luis Mendoza se trazó un objetivo personal: chispar a su hermano Víctor Hugo Mendoza de la orden de aprehensión en su contra por formar parte del magniproceso llamado “cartel inmobiliario”, abierto por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en 2021.
Para este plan, Mendoza se atrevió a transar con los sufragios que le otorgaron los benitojuarenses, el 70% de los votantes, quienes lo eligieron no para hacer acuerdos impropios, sino para continuar las mejoras en esa demarcación territorial, lo que no ha ocurrido en más de 100 días, sino al contrario.
De acuerdo con fuentes de la FGJ y del propio PAN, desde noviembre pasado la dependencia habría desactivado la orden de detención contra el hermano del alcalde, prófugo de la justicia desde 2023, por presuntamente haber incurrido en corrupción inmobiliaria y uso indebido del servicio público, cuando fue titular de la Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana de la Alcaldía Benito Juárez. Le atribuyen que desde donde avaló la construcción de 54 departamentos de más a los autorizados en el complejo City Towers en Santa Cruz Atoyac. En campaña, la candidata de Morena a la Alcaldía BJ, Leticia Varela, denunció que los hermanos Mendoza tenían sendos departamentos en ese desarrollo inmobiliario, que adquirieron a precio de ganga.
Hoy, destacados panistas consultados están convencidos y dicen tener evidencias de que Luis Mendoza logró chispar al hermano gracias a que ofreció sumisión al gobierno de Clara Brugada. Es decir, transó con los sufragios, olvidándose que ese 70% de los votos que obtuvo en la elección no fueron por su brillante historial político ni por su gran carisma –carece de ambos–, sino la postura ciudadana de que aborrecen todo lo de la llamada cuarta transformación, esa a la cual ahora se rindió el alcalde, sin que beneficie a los benitojuarenses, porque la demarcación ha empeorado. El jueves pasado, en una gira por la BJ, Mendoza fue absolutamente abyecto con Brugada.
Sin que se haya aclarado la situación legal de Víctor Hugo Mendoza, la semana pasada el PAN de la Ciudad de México lo designó secretario general adjunto del organismo, el tercer cargo en importancia, sólo detrás de la Presidencia y la Secretaría General.
A propósito de ello, le pregunté a Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN en la CDMX, sobre la situación legal del susodicho. A pesar de que el partido recibe muchos millones de pesos por financiamiento público y está obligado a rendir cuentas, ella no ha respondido.
Tampoco ha cumplido la fuente cercana a los Mendoza, de que iba a hacer llegar un extracto de la resolución y los números de amparos que supuestamente ha ganado Víctor Hugo, gracias a los cuales dicen que ya no tiene ningún pendiente con la justicia.
En el caso de la FGJCDMX, a través de su área de prensa solicité información oficial al respecto, pero igualmente no hubo respuesta, que en algún momento tendrá que dar la nueva fiscal, Bertha Alcalde. Por cierto, no sólo de este caso en particular, sino el estatus de todo el expediente del llamado “cartel inmobiliario”, en el que hay unas 30 personas sujetas a proceso penal, destacadamente el ex jefe delegacional Christian Von Roehrich. Esta transa de impunidad de Luis Mendoza seguramente le va a salir muy cara al PAN con los electores de Benito Juárez. Lo veremos.
