*La percepción que hay sobre México en el extranjero, nada tiene que ver con
lo que, el gobierno de la 4T y su segundo piso, suponen, va viento en popa*
Ahora sí, nos llovió sobre mojado. Los informes de evaluación practicados por organismos internacionales, a diferentes países, sobre temas de corrupción, impunidad, estado de Derecho, violencia criminal extrema, desapariciones forzadas, asesinatos dolosos y violación de derechos humanos, publicados recientemente, colocan a nuestro país en una posición comprometida, por decir lo menos. Prácticamente en todos estos temas nuestro país sale reprobado.
Sería difícil imaginar que exista un complot mundial en contra de México y que, debido a esto, organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Freedom House, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Comité Contra las Desapariciones Forzadas, entre otros, coincidan en diagnósticos que poco nos favorecen.
La percepción que hay sobre México en el extranjero, nada tiene que ver con lo que, el gobierno de la 4T y su segundo piso, suponen, va viento en popa. Ahora, más que nunca, queda evidenciado que el principio tabasqueño de que la mejor política exterior era la política interior, fue otra desafortunada ocurrencia. Un mito y un gran error que afectó el posicionamiento de nuestro país en el contexto mundial, al negarse a escuchar, ya no digamos atender, y descalificar cualquiera opinión, sobre nuestro país, proveniente del extranjero. La cerrazón como política exterior.
En un mundo globalizado, en particular, en los tiempos actuales, el aislacionismo es inconveniente, improcedente y perjudicial. Como miembros de organismos internacionales, el Estado mexicano ha suscrito y aceptado compromisos y obligaciones con validez global. A menudo, en Palacio Nacional confunden las evaluaciones comparativas a nivel mundial con injerencias inaceptables en los asuntos internos del país y esgrimen la soberanía como escudo y defensa de supuestas agresiones externas. Una soberanía mal concebida, interpretada a conveniencia que, no pocas veces, nos han puesto en situaciones bochornosas.
México mantuvo durante toda su historia, hasta la llegada de “la cuarta transformación” un alto nivel de respeto y, ciertamente de influencia, al menos, entre los países de Latinoamérica. Éramos el hermano mayor con una economía que crecía. El país con estabilidad política, con un nivel de democracia, quizá, no ideal, pero en el que las sucesiones presidenciales se procesaban de manera pacífica, sin mayores incidentes. Con reconocimiento y apertura a la pluralidad política. Nada del país de un solo personaje. Respeto, aceptación y diálogo con quienes pensaban y opinaban diferente. El sistema jurídico, las instituciones públicas, la división de poderes y los organismos autónomos, constituían los contrapesos necesarios para el ejercicio de nuestra democracia.
Pero para quien llegó al máximo nivel político del país, a través de un proceso transparente y democrático, con instituciones y leyes que avalaron y reconocieron su triunfo electoral, una vez en el poder, ya no le convenció ese respeto a la democracia y buscó revertir procesos, leyes e instituciones para imponer la política y conducción del gobierno de un solo hombre.
La cuarta transformación, que así la denominó el fundador de Morena, se convirtió en la devastación de instituciones, leyes y poderes. El Jefe del Ejecutivo de Morena vio con desconfianza y rechazo la libertad y autonomía de los otros poderes de la Unión. Tampoco le pareció conveniente una legislación, perfectible sin duda, que auspiciaba el pluralismo político, respetaba la libertad de acción, la libertad de expresión y amparaba el acceso al poder por la vía de electoral. No en balde las tres alternancias políticas ocurridas sin estridencias, en lo que va del milenio. Algo ha de haber funcionado bien con el marco jurídico existente, sus instituciones y la real y efectiva división de poderes sin sometimiento al Ejecutivo.
Sin poner a juicio las reformas promovidas por el poder morenista, a lo largo de estos siete años de gobierno, varias organizaciones internacionales, Transparencia Internacional (TI), Human Rights Watch (HRW), Freedom House y el Comité Contra las Desapariciones Forzadas, entre otras, han apuntado en sus evaluaciones fallas, omisiones, alertas e inconvenientes derivadas, precisamente, de decisiones, ocurrencias y reformas legales procesadas al vapor, sin análisis, diálogo ni consulta y, cuando ésta la hubo, fue ignorada.
Múltiples reformas a la Constitución para asegurar la permanencia del gobierno de la 4T en el poder. Desaparición del Poder Judicial para sustituirlo por una SCJN y jueces y magistrados a modo, elegidos popularmente, pero con acordeón de por medio. Y la eliminación total de organismos constitucionales autónomos, cuyo objetivo era, precisamente, limitar el poder presidencial y garantizar transparencia y eficacia en áreas técnicas especializadas, han sido la característica de la 4T.
Por supuesto, los resultados desfavorables a nuestro país en estas evaluaciones globales, el gobierno se niega a aceptar y, en contra, ataca a las organizaciones evaluadoras, como si éstas fueran responsables de los números que aparecen en los índices. Atacar al mensajero, se dice; pero no estaría mal un poco de reflexión y análisis de la información publicada. La humildad y el reconocimiento a fallas y problemas son mejor método para superarlos y corregirlos, que la cerrazón y oídos sordos. Hay que ubicarnos en la realidad y dejar de pretender que vivimos en el país de las maravillas.
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