Si en el 2023, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra, la 4T del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se atrevió a aprobar una reforma electoral en leyes secundarias a pesar de contravenir la Constitución Política, ¿por qué no habría de hacerlo este año cuando tienen a los ministros del máximo tribunal totalmente a su servicio?
Esa es la verdadera polémica que puede haber detrás de lo que ahora se denomina como el Plan “B” de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbuam, habida cuenta de que sabe que no va a contar con los votos de sus aliados para modificar la Constitución en cuatro temas fundamentales, que representan una regresión, lo que incluso violenta la esencia del Artículo 1 Constitucional, en el que se establece claramente que los derechos humanos sólo pueden ser progresivos.
Los temas que nomás no transitan con los aliados del PT y el PVEM son la reducción del número de senadores; el cambio de listas cerradas a listas abiertas de diputaciones plurinominales, muy parecido al modelo de los jueces-acordeones que resultó un fracaso democrático y la impartición de la justicia; la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, y la disminución de los tiempos oficiales de radio y televisión para los partidos políticos.
Para modificar esos esquemas se requieren reformas constitucionales. Pero Morena bien podría optar por hacer modificaciones en las leyes secundarias, pasando por encima de la Constitución, como lo hizo en 2023, porque hoy no tiene los 334 diputados y 86 senadores para modificar la carta Magna, pues sus aliados ya dijeron que no van.
De atreverse a algo así, lo más probable es que, como en la reforma del “Plan B” de 2023, la oposición interpondría una acción de inconstitucionalidad por considerar que se violentó la Carta Magna. En aquella ocasión la Suprema Corte de Norma Piña resolvió en contra de esa reforma lopezobradorista.
Ese tema que le batearon en la Corte al entonces presidente, sumado a otro, en el que declararon la inconstitucionalidad de la reforma a Leyes secundarias mediante la cual se pretendió transferir la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional, fue la gota que derramó el vaso para que se lanzara con todo contra los ministros que encabezaba Norma Piña.
Si hoy Morena se atreviera a algo semejante aprobando el “Plan B” con visos de violentar la Constitución, la oposición seguramente recurriría a presentar una acción de inconstitucionalidad, para lo cual requiere solamente de un tercio de los votos, que sí tiene. Sin embargo, en esta ocasión Morena controla en absoluto a los nueve ministros de la Suprema Corte, por lo que el escenario más probable sería que le validarían su reforma, a pesar de que se atropellara la Constitución, lo que se estaría un precedente absolutamente nefasto y dañino para el respeto al Estado de derecho en el país.
Además, sería un golpe político durísimo en contra de sus aliados, el PT y el PVEM, que son quienes no quieren que se modifique ninguno de los temas aquí planteados, con lo que de hacerlo Morena mediante una reforma legal que atropella la Constitución sería el golpe letal a esa coalición de Gobierno, y seguramente perdería el oficialismo la mayoría Constitucional en el Senado, que se empata con todo el sexenio de Sheinbaum. Morena puede hacerlo. ¿Se atreverán a tanto?
Lo veremos.
