La clase política de la Ciudad de México está bajo la lupa, en especial los que llevan la batuta del gobierno. Enfrenta una gran prueba ante la gente: dejar la diatriba, el pleito y ponerse de verdad de acuerdo, que cada quién haga lo que le toca en su esfera de responsabilidad, sin que dejen de vigilarse unos a otros, pues para eso existe la oposición.
En los últimos 15 días, desde que se hicieron públicos casos flagrantes de despojo, autoridades de las Alcaldías, del Gobierno de la Ciudad de México, de la Fiscalía, legisladores, han hecho pronunciamientos, presentaron programas, acciones, decálogos, medidas de emergencia, iniciativas de ley para combatir este flagelo, que se ha incrementado sensiblemente en la capital del país, más aún por los fenómenos de gentrificación, que ha encarecido brutalmente el costo de los inmuebles.
Más allá de los detalles finos en el diagnóstico y las propuestas, o sea, los qué y los cómo, es evidente que todos coinciden –o deberían de– en atacar frontalmente este ilícito: la prevención, pasando por la actuación inmediata ante despojos flagrantes y reducir la impunidad, más allá de simplemente y llegar hasta las últimas consecuencias para castigarlo, pero lo más importante es que no haya impunidad.
Si se conjuntaran el diagnóstico y las medidas del Gobierno de Clara Brugada, de los diputados de Morena, de los del PAN y fueran en la misma dirección, seguramente se avanzaría en el combate de este ilícito, que debería enfrentar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza la filomorenista Bertha Alcalde.
Por ejemplo, las 8 acciones de Brugada: 1) Regularización de la escrituración; 2) Creación de la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo; 3) Plazos más cortos para restitución de inmuebles, de 15 y 30 días; 4) Atención inmediata frente a la emergencia por despojo; 5) Atacar frontalmente a las bandas organizadas; 6) Combatir la corrupción de servidores públicos; 7) Decálogo de recomendaciones; 8) Informe semestral de resultados.
Los panistas presentaron su propio proyecto: reformas a diferentes ordenamientos: al Código Civil, para impedir que una posesión originada mediante despojo, violencia, fraude, simulación, suplantación de identidad, ocupación clandestina o documentos falsos pueda convertirse en propiedad por el simple paso del tiempo.
Modificaciones al Código Fiscal: plantean establecer con absoluta claridad que pagar el predial, aparecer en una cuenta catastral o contar con una constancia fiscal no convierte a nadie en propietario ni sustituye una escritura.
Cambios a la Ley del Notariado: ante señales objetivas de riesgo, establecer con celeridad mediante la verificación de identidades, poderes, documentos, antecedentes registrales y trazabilidad de pagos.
También proponen la creación de una fiscalía y juzgados especializados en materia de despojo; que haya una audiencia inicial urgente, para que en 72 horas se regrese el predio de manera provisional al legítimo propietario, tipificar el despojo organizado como delito complejo.
La bancada de Morena no se metió, hasta este momento, en planteamientos de reformas legales. Se han concentrado en ofrecer asesoría, pero al parecer no le han entendido al grave problema y lo están politizando. Este viernes ofrecerán 4 horas de asesorías para prevención y defensa de las víctimas, en el Parque de los Venados, justo a un costado de la Alcaldía Benito Juárez que gobierna el PAN, como partidizando el asunto.
Antes, ya habían reaccionado el alcalde de esta demarcación, Luis Mendoza, y antes el de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien puso en marcha el pasado lunes un módulo de atención para orientar y acompañar a las vecinas y vecinos que hayan sido víctimas del delito de despojo o se encuentren en riesgo de perder su patrimonio por esta causa.
Luis Mendoza dio instrucciones a la Policía Blindar BJ360° para que de manera urgente atiendan cualquier denuncia o solicitud de apoyo por despojo, den acompañamiento permanente a las víctimas, en coordinación con las diversas instancias del Gobierno de la CDMX.
¿Quién podría estar en contra de alguno de estos planteamientos o iniciativas? Nadie. Ahora el reto es que los ciudadanos vean resultados pronto y las autoridades cumplan su responsabilidad de garantizar al gobernado plena certeza jurídica sobre sus bienes.
Lo veremos.
