PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.- Bajo la administración del gobernador Julio Menchaca Salazar, Hidalgo impulsa la participación ciudadana como una tarea compartida para prevenir irregularidades, vigilar el uso de los recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas. A través de la Contraloría Social, 50 mil personas participan voluntariamente en 10 mil comités que contribuyen a supervisar las acciones y obras en sus comunidades.
Esta experiencia fue compartida durante la Asamblea de la Comisión Permanente de Contralorías Estados-Federación (CPCE-F), realizada en Hidalgo, donde representantes de Nuevo León, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca y Ciudad de México, junto con autoridades federales, intercambiaron prácticas para fortalecer la vigilancia ciudadana y las acciones de prevención de la corrupción.
El encuentro tuvo como sede el municipio de Huasca de Ocampo y contó con la participación de Alejandro Encinas Nájera, subsecretario de Buen Gobierno, y Guadalupe Araceli García Martínez, subsecretaria Anticorrupción, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno de México.
Durante las actividades, el secretario de Contraloría de Hidalgo, Álvaro Bardales, destacó que la vigilancia ciudadana no requiere conocimientos especializados, sino voluntad, honestidad y compromiso con la comunidad. Por ello, la dependencia capacita y acompaña a quienes integran los comités para fortalecer sus herramientas de supervisión y prevención.
La Contraloría Social permite que las personas se involucren en el seguimiento de las acciones gubernamentales, observen su desarrollo y reporten posibles irregularidades. De esta manera, la participación ciudadana complementa el trabajo de las instituciones responsables de verificar que los recursos públicos se utilicen conforme a su propósito.
En Hidalgo, esta labor parte de la premisa de que las obras y los programas públicos pertenecen a la sociedad. Por ello, además de recibir sus beneficios, las comunidades tienen la posibilidad de participar en su vigilancia y contribuir a que se realicen adecuadamente.
Con este modelo, la entidad comparte su experiencia de organización ciudadana y coordinación institucional para consolidar una cultura de corresponsabilidad, en la que prevenir la corrupción y cuidar los recursos públicos sea una labor conjunta entre gobierno y sociedad.
