El Presidente presentó, en la semana, su propuesta de reforma política. Busca empatar las funciones de utilidad de las diferentes fuerzas políticas. Su iniciativa incluye cambios a varios elementos que forman parte del entramado institucional mexicano: la sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC); la elección de consejeros y magistrados electorales por la vía del voto popular; la desaparición de los Oples y tribunales electorales locales; la reducción del número de senadores y diputados, y la instauración de un sistema puro de representación proporcional en listas estatales.
Como muchas otras intenciones lopezobradoristas, éstas parecieran puras ocurrencias sin ningún sentido. Pero todas las medidas sugeridas centralizan el poder en la figura presidencial y trastocan el espíritu federalista, democrático y republicano del sistema político mexicano. El Presidente está haciendo ingeniería electoral para fortalecer a su movimiento. Veamos.
Para evaluar un sistema electoral o elegir uno nuevo, dice Horowitz, primero es necesario preguntarse: “¿qué se quiere obtener?”. Ya que ningún diseño refleja con nitidez las preferencias de los votantes. Asumir que existe un sistema que convierte de manera perfecta los deseos de los votantes en poder político es equivocado.
Todos los sistemas electorales producen sesgos o distorsiones en sus resultados. La dificultad radica en que los objetivos son muchos: que el voto de todos cuente lo mismo, que la elección refleje las preferencias de la población, que se favorezca una coalición de gobierno estable, que se impulse la rendición de cuentas, y se evite la tiranía en contra de grupos minoritarios. Quienes se dedican a idear reglas del juego califican la robustez de los arreglos institucionales por su capacidad o incapacidad para producir los incentivos que garanticen equilibrios perdurables.
El Presidente ha enviado una reforma electoral que propone la eliminación de los diputados elegidos por mayoría relativa y los sustituye con legisladores electos por el método de representación proporcional con base en listas estatales (pluris puros). La proporcionalidad —bajo este método de selección— podría mejorar, pero trastoca profundamente la rendición de cuentas y los vínculos que los ciudadanos tienen con sus representantes; se fortalecen los liderazgos partidistas al igual que el poder del Presidente. En lugar de que los políticos le deban el cargo a los ciudadanos, se lo deberán al Presidente y a las dirigencias de sus partidos. Es decir, se fortalecen los partidos y su burocracia; se debilita a los congresistas.
La propuesta afecta a los ciudadanos porque después de las campañas, los legisladores jamás se volverán a aparecer en sus distritos. La reforma electoral profundizará la distancia entre representantes y representados.
Lo necesario y deseable para los electores es contar con mecanismos de rendición de cuentas y que se generen los incentivos para que los políticos velen por los intereses de su electorado. Eso debería ser lo verdaderamente relevante de una reforma electoral: empoderar a los electores.
