Ni siquiera Jorge Romero, presidente nacional del PAN y cacique del partido en la Ciudad de México conoce los supuestos amparos que obtuvo Víctor Mendoza, hermano del alcalde de la Benito Juárez, Luis Mendoza, con los que según libró la orden de aprehensión que enfrentaba desde hace casi dos años, por la cual estuvo prófugo de la justicia.
Eso lo revela Romero tras una pregunta concreta de si ha visto esos amparos. El tema viene a cuento porque la semana pasada el Comité Regional del PAN en la Ciudad de México designó a Víctor Mendoza secretario general adjunto, tercero en relevancia en la estructura, sólo por debajo de la presidenta y el secretario general.
Hasta antes de su designación, ni los propios panistas tenían clara cuál era la situación jurídica de Víctor Mendoza, pues en el 2023 la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGR) lo declaró “prófugo de la justicia”, por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido del servicio público (corrupción inmobiliaria).
Le atribuyeron que cuando fue titular de la Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana de la Alcaldía Benito Juárez avaló la construcción de 54 departamentos excedentes a los autorizados en el complejo City Towers en la colonia Santa Cruz Atoyac. En campaña, la candidata de Morena a la Alcaldía BJ, Leticia Varela, denunció que los hermanos Mendoza tenían sendos departamentos en ese desarrollo inmobiliario, adquiridos a precios de remate.
Romero me aseguró en su respuesta, durante su conferencia de prensa, que el compromiso del PAN con la transparencia y el combate a la corrupción es “absoluto”. Sin embargo, en este caso de Víctor Mendoza han sido oscuros, porque lo designaron sin demostrar, ni antes ni ahora, que ya no pesaba sobre él ninguna orden de aprehensión, y exhibir el amparo que le fue concedido. Ni Romero los ha visto.
A pesar del silencio sobre el estatus jurídico, según Romero, no hubo nombramiento oscuro. La presidenta del PAN en la CDMX –Luisa Gutiérrez– “ya lo ha explicado, que el nombramiento se hace con una persona que no tiene viva ninguna orden de aprehensión, es una persona libre”, dice. Esa declaración no la he visto yo, si es que existe. Yo le pregunté a Gutiérrez y no ha respondido, a pesar de que está obligada por ser entidad de interés público. O sea, lo opuesto al “compromiso absoluto” con la transparencia del que habla Romero.
Entre panistas es un secreto a voces que Luis Mendoza transó con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la impunidad para su hermano, a cambio de sumisión plena, la cual ha sido evidente desde el arranque de su gobierno.
Romero no lo ve así: “Tampoco sé qué pasa por la cabeza del hermano Luis Mendoza, pero conociéndolo, prácticamente (sic) te puedo asegurar que no es el resultado de una negociación”.
El compromiso de Romero con la transparencia es selectivo. Considera que la decisión de no hacer público el amparo probablemente es porque “no lo consideran con ese nivel de importancia periodístico”. Elude dos puntos muy importantes: las acusaciones contra Víctor Mendoza fueron por hechos que habría cometido en el ejercicio del servicio público, por lo que tienen la obligación de informar al ciudadano si nada fue cierto; además, porque se integra a un cargo partidista y estos organismos son entidades de interés público. Esa es la “absoluta transparencia” del PAN. ¿Será que no entienden que no entienden? Lo veremos.
