¿Y qué pasa si ya por estos días desaparece la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)? ¿Qué pasa si deja de utilizar recursos públicos para estar en esa detente en la que se encuentra hoy mismo? ¿Nos afectaría su ausencia en las condiciones en las que se encuentra de 2019 a la fecha? ¿Nuestros derechos humanos perderían su defensa?
Hoy, como muchas veces antes, el gobierno en el poder olvida que los ciudadanos, antes que entes electores somos humanos y tenemos derechos y merecemos respeto y verdad si se quiere hablar de un Estado de Derecho. Con frecuencia esos derechos humanos son violentados por gente de gobierno, autoridades federales, estatales o municipales, e incluso por privados.
Cierto que abusos y violaciones a los derechos humanos, como los que hoy prolíficamente se viven en México y quedan en la impunidad y sin protección, ocurrían en México mucho antes.
Por supuesto existen leyes que se supone que privilegian la defensa del ciudadano frente a actos de gobierno; está la misma Constitución que surge como una Carta Magna social y de defensa del trabajo, la igualdad, la libertad y los derechos… Sí, pero no.
Tan habían sido violentados estos Derechos Humanos que por eso se creó en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 6 de junio de 1990. Y se creó –se dijo entonces- “para promover y vigilar el cumplimiento de la defensa de los derechos humanos frente abusos de autoridades”, esto fue así en un contexto de creciente exigencia social.
La CNDH nació como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, lo que se interpretó en México como un impulso hacia el respeto y el buen quehacer de gobierno para garantizar que los mexicanos estuvieran bajo resguardo de abusos y agresiones, de maltrato y excesos en contra de su persona y su patrimonio…
Y también para mostrar congruencia ante la firma de lo que ya se pergeñaba: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así que el 13 de septiembre de 1999, una reforma le otorgó plena autonomía de gestión y presupuestaria, separándola del Ejecutivo. Su primer presidente y fundador fue el jurista Jorge Carpizo MacGregor.
En adelante esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tuvo un papel relevante en la defensa del respeto y justicia para los habitantes del país. Se perfiló entonces a una institución respetable porque generaba respeto ante sus recomendaciones que en general eran atendidas por los sujetos o instituciones a los que se dirigían sus reclamos.
Quienes trabajaban en la CNDH se sentían orgullosos de formar parte de una de las instituciones autónomas más queridas por los mexicanos, a las que con toda confianza y seguridad en ser atendidos se acudía para exponer lo que se consideraban violaciones a la persona y su patrimonio.
Así funcionó la CNDH durante años, tiempo en los que hubo siete titulares, siete Ombudsman, que le dieron lustre a la institución que defendería a capa y espada a los mexicanos.
Así que fueron presidente de esta Institución juristas de fuste como Jorge Carpizo MacGregor (1990-1993 Primer presidente, fundador); Jorge Madrazo Cuéllar (1993-1996) Segundo presidente; Mireille Roccatti Velázquez (1997-1999), Primera mujer al frente; José Luis Soberanes Fernández (1999-2009, excelente Ombudsman por dos periodos); Raúl Plascencia Villanueva (2009-2014); Luis Raúl González Pérez (2014-2019) y, finalmente la debacle con Rosario Piedra Ibarra (2019-y reelegida en 2024-2029 en curso).
Luego de 36 años, la CNDH vive hoy uno de sus peores momentos. Por su ineficacia, por su ausencia y silencio respecto de muchos de los grandes temas que afectan a los derechos humanos de los mexicanos; porque su presidenta parece defender al gobierno de la 4-T-Morena, antes que a los mexicanos de a pie.
Los mexicanos que cada día se enfrentan a más y más violaciones en sus vidas y patrimonio, en su seguridad y libertades, sin más defensa que la que ellos mismos se pueden procurar, con frecuencia inermes ante el cúmulo de aparatos de Estado.
La impunidad, la injusticia, el abandono, la violación a los derechos humanos son prevalecientes desde que la señor Rosario Piedra Ibarra llegó a la presidencia de una CNDH, que había sido ejemplo de defensa de los mexicanos, todos, sin distinciones ni credos ni ideologías.
Si su primer periodo había recibido severas críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil y víctimas, quienes le criticaban que actuaba bajo la línea del poder ejecutivo federal (AMLO), de politizar la Comisión y no defender activamente los derechos humanos ante abusos del Estado.
Aun así, por impulso del ex presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y con la oposición de la presidente de México, Claudia Sheinbaum, el Senado reeligió a la señora Piedra para un segundo periodo de cinco años. La votación ocurrió en noviembre de 2024, permitiéndole mantenerse al frente de la Comisión hasta el 15 de noviembre de 2029.
Pero en el pecado lleva la penitencia. Los mexicanos no la ven como una aliada legal que apoye su defensa frente a abusos de poder y violaciones a los derechos humanos. De hecho les es inexistente.
Pero si de por sí las cosas le están mal a la presidenta de la CNDH, hace unos días dio muestra de su criterio anti víctimas, al afirmar que el informe de la ONU sobre desaparecidos en México “parte de una lectura sesgada, contradictoria y sin perspectiva histórica ni internacional (y que) la lectura realizada por instancias internacionales no considera elementos clave del contexto nacional, ni los avances institucionales en materia de búsqueda de personas.”
Por supuesto esto dicho en el contexto del repudio presidencial al informe de la Comisión de la ONU. Antes, la señora Piedra Ibarra dijo que las críticas a su gestión ‘provienen de medios chayoteros’.
En todo caso: ¿Es útil para el país una CNDH en las actuales condiciones? ¿No será mejor que ese presupuesto se utilice para adquirir y distribuir medicamentos para niños con cáncer o en apoyo a las madres buscadoras de México?
