*Ocurrencias, caprichos o revanchas podrían ser la explicación de ese ánimo
destructor del Ejecutivo durante el período anterior y el actual*
Cuesta trabajo entender que el proceso de la Cuarta Transformación se haya montado, en su primera y segunda etapa, sobre las cenizas de instituciones arrasadas por decisión presidencial, sin justificación razonable ni argumentos sólidos. Ocurrencias, caprichos o revanchas podrían ser la explicación de ese ánimo destructor del Ejecutivo, en el pasado y en el presente.
El discurso político del entonces Jefe del Ejecutivo, Andrés López Obrador, decía que había que “acabar con la corrupción” y “ejercer austeridad republicana.” En un documento oficial, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, abundante en argumentos políticos, pero pocos o ninguno derivados de investigaciones, análisis o estudios económicos serios, se leía: “El aparato gubernamental estaba plagado de instituciones redundantes, de duplicidad de funciones y de oficinas y partidas presupuestales sin propósitos o resultados.” Que se concentrarían funciones y reorientarían los presupuestos dispersos, agregaba.
Todo enfocado a crear un contexto a modo, para concentrar y ejercer, sin sombras ni molestas limitaciones, su poder político. Un sistema jurídico que determinaba funciones y delimitaba competencias para el desempeño de funciones de los tres Poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no estaba en los planes del proyecto político de la 4T. O tal vez sí, pero como letra muerta.
La doctrina señala que la división de poderes busca evitar el abuso y la concentración de poder y establecer controles y equilibrios. Justo lo contrario de los principios que guían los caminos de la 4T. Durante el gobierno del tabasqueño, no hubo poder que se le enfrentara y, cuando lo hubo, la SCJN emitiendo resoluciones para atajar los excesos del Ejecutivo, le costó su existencia. Desaparecieron a la Corte, esto ya en la actual administración, para sustituirla por jueces, magistrados y ministros elegidos por voto directo de una población poco motivada y orientada por acordeones oficiales.
Decíamos que, con pretexto del combate a la corrupción, muchas veces delatada en la retórica mañanera, pero, paradójicamente, nunca seguida de acciones judiciales o del levantamiento de carpetas de investigación, se eliminaron instituciones y programas, sin planeación alguna. Aprovechando la docilidad de un Poder Legislativo, con mayoría morenista, sometida y dispuesta a acatar toda instrucción de Palacio Nacional, se ajusta el marco jurídico, incluyendo la Constitución misma, para darle un mayor empoderamiento a la Presidencia, en detrimento de los derechos ciudadanos.
La lista de las entidades suprimidas es larga. Aquí solo algunas:
El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión Reguladora de Energía, al Comisión Nacional de Hidrocarburos.
También programas como el Seguro Popular y ProMéxico desaparecieron. Ya en el extremo, todo el Poder Judicial Federal, incluida la SCJN, como principal objetivo, sufrió la furia presidencial. Además, fideicomisos (109) e instituciones donatarias y altruistas, mal vistas por Morena por su intromisión en programas sociales, terrenos que el gobierno considera de su exclusividad, por aquello de sus efectos clientelares.
El desmantelamiento nacional continua. El ejemplo más reciente es la abyecta actuación del Poder Legislativo Federal, supuestamente autónomo e independiente, y de los legislativos de los estados morenistas, etiquetados como libres y soberanos. Resulta que una vez superado el mal momento del frustrado Plan A de la Reforma Electoral y concentrados en un sustituto Plan B de reforma disminuida, pero aprobada para evadir el estigma de la derrota, el dictamen se envió para la aprobación correspondiente de, al menos, 17 legislaturas estatales, para consumar la enmienda constitucional.
En el trámite del recorrido nacional de las reformas constitucionales para su aprobación, se ha perdido todo decoro. Los diputados locales se tienen poco respeto. Como si se tratara de una competencia olímpica, se anuncia que, en menos de 12 horas, se lograron los votos aprobatorios de 17 Congresos estatales, validando la reforma constitucional. Una nueva marca de legislación al vapor con dedicatoria de parte de los Congresos estatales. El récord anterior, correspondía a la aprobación de la Reforma Judicial, 21 horas.
Los gobernadores de Morena quieren quedar bien con la titular del Ejecutivo e instruyen a sus Congresos locales a legislar rapidito, hasta caer en el absurdo, como el caso de los diputados de Tabasco, que solo necesitaron 22 minutos para recibir el dictamen leerlo, analizarlo, discutirlo y aprobarlo. Seguramente no se enteraron que habían aprobado una vulneración al principio del municipio libre.
Más que felicitación, a estos diputados habría que exhibirlos por su irresponsabilidad y falta de compromiso con el cargo para el que fueron elegidos. Levantar la mano y aprobar, de manera exprés, lo que envíe el Ejecutivo, no es, precisamente, lo que el pueblo bueno y sabio espera de ellos.
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